Martes 10 de febrero de 2026
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En 2026, el problema de los caminos rurales en el partido de Nueve de Julio sigue abierto, no solo por su deterioro físico sino por una cuestión más profunda: la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a su mantenimiento y la persistente negativa del municipio a rendir cuentas sobre períodos clave de gestión.
Un informe técnico elaborado a partir de información oficial del propio municipio, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y al período en curso, muestra que no existe una situación de desfinanciamiento estructural. Sin embargo, lo que sí queda en evidencia es la ausencia de información clara, consolidada y accesible que permita conocer cuánto se recauda anualmente por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y cómo se ejecutan efectivamente esos recursos.
Este déficit de transparencia se vuelve aún más grave si se considera que en junio de 2025 se presentó formalmente un pedido de informes e investigación sobre el uso de la tasa vial correspondiente al período 2019–2023, es decir, la gestión del intendente Mariano Barroso. A comienzos de 2026, ese pedido continúa sin respuesta.
El partido de Nueve de Julio se encuentra oficialmente declarado en emergencia hídrica desde el 1 de mayo de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026. En ese contexto, en diciembre de 2025 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que buscaba aplicar a la tasa vial el mismo criterio utilizado por Nación y Provincia en situaciones de emergencia, con el objetivo de reducir el impacto económico sobre los damnificados.
Sin embargo, al reglamentar la ordenanza, el Ejecutivo municipal desnaturalizó su espíritu, otorgando el beneficio solo para la primera cuota de la tasa vial y negando su aplicación a productores que registraban deudas. En la mayoría de los casos, esas deudas se generaron durante el propio período de inundación, cuando no era posible sacar cereal ni vender animales para generar ingresos.
Mientras tanto, los productores debieron resolver los problemas de transitabilidad con recursos propios y de manera colectiva, organizándose entre vecinos para sostener caminos que el Estado municipal no logró atender. Se contrataron maquinarias de forma privada, se aportó combustible, se compraron caños para alcantarillas y se realizaron cesiones de paso por los campos para permitir la circulación. Todo este esfuerzo fue asumido de manera privada, supliendo en los hechos la ineficiencia del Estado municipal, sin reconocimiento institucional ni reflejo alguno en las rendiciones oficiales.
Cuando las rendiciones no se muestran, los pedidos de informes no se responden y las ordenanzas se reglamentan en sentido contrario a su espíritu, la confianza pública se erosiona. Y cuando el Estado parece más preocupado por recaudar que por comprender la realidad de quienes sostienen la economía local, la duda sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos se vuelve inevitable.
Federación Agraria Argentina – Filial Nueve de Julio
